El gobierno divide y usa recursos innobles

La política del gobierno (que no es reciente), es la división entre los desposeídos y sus aliados. Ese ha sido su accionar cuando los movimientos sociales exigen el cumplimiento de las promesas realizadas durante las campañas electorales o cuando defienden sus derechos escritos en la Constitución Política de Estado (CPE).

Contrariamente a lo recomendado por verdaderos artífices de revoluciones y cambios sociales, como fue y es Fidel Castro —mantener la unidad de los sectores oprimidos y discriminados por anteriores gobiernos que enfrentan a la explotación— los gobernantes, funcionarios y militantes del MAS dividen a las masas.

Para consolidar su poder y mantenerse en él, los recursos y técnicas utilizados por los mandatarios alojados en el Palacio Quemado, lamentablemente, son los mismos que utilizaban los anteriores gobiernos, aunque los actuales gobernantes dijeron en las campañas electorales, que no harían lo que hacían los partidos de la derecha, de los oligarcas.

La construcción inconsulta de la carretera por el medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), aparentemente ha dividido al país en desarrollistas vs. conservacionistas, pero en realidad se trata de una lucha entre defensores de la propiedad comunitaria vs. defensores de la propiedad individual, que no son otros que los impulsores del capitalismo de Estado aliado al transnacional.

Uno de los argumentos que esgrimen los gobernantes para la construcción de esa carretera es la necesidad de vinculación entre dos pueblos (San Ignacio de Moxos y Villa Tunari) que es en realidad satisfacer intereses de sectores dominantes de esas poblaciones (cocaleros, ganaderos, madereros, comerciantes, transportistas, traficantes de tierras), pero a costa del espacio vital de los pueblos yuracaré, moxeño y chimane y, una reserva natural del medio ambiente, paradógicamente reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE) y por el gobierno.

Desviar la atención del conflicto con la acusación de que la marcha es manipulada por la Embajada estadounidense, los traficantes de tierras y madera o las ONGs: todos en un plan concertado con los partidos de la derecha para derrocar al gobierno, son recursos burdos que pueden influir, en algunos ciudadanos, para quitar o limitar el apoyo que dan a la demanda de los pobladores del TIPNIS; pero, la verdadera causa de los marchistas que es la defensa de su vida, prevalece y fortalece a sus protagonistas.

Dicen los gobernantes que el imperialismo estadounidense está inmiscuido en la demanda. Es posible; pero no sólo allí, sino en todo lugar donde potencialmente haya peligro para los intereses de esa potencia. El poder de sus organismos de inteligencia es inimaginable; para ello basta recordar que Antonio Arguedas, Ministro del Interior del régimen del Gral. René Barrientos, el mismo que reprimió a la guerrilla del Che Guevara (1967), era agente de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA). El tiempo nos confirmará si también ahora la CIA tiene infiltrados suyos dentro del aparato estatal.

Con las actitudes de los actuales gobernantes, el apoyo masivo alcanzado por el MAS hasta diciembre del 2009, en los procesos electorales, se diluye, no tanto por la acción de la derecha ni por la del imperialismo estadounidense ni por los manifiestos públicos de ex funcionarios del gobierno, sino por los errores de los gobernantes, por la prepotencia, el abuso de autoridad, el autoritarismo que han desencadenado hechos irreversibles. Los sucesos del 2010 en Caranavi y en Potosí, el gasolinazo de diciembre del año pasado y ahora la criminalización de la marcha por la defensa de un parque nacional y territorio indígena, desdicen el discurso de “gobernar oyendo al pueblo”, de respeto a la pachamama. Todo aquello traba el proceso de aplicación de la nueva CPE, aunque con las concesiones hechas en el Parlamento, retoques al gusto de ciertos intereses del capital, se advertía lo que ahora tenemos: recorte de los derechos elementales individuales y colectivos.

Votamos por la nueva CPE, los funcionarios del Estado juraron cumplirla al asumir sus cargos, los ciudadanos comunes debemos someternos a ella; entonces no deberíamos “interpretarla” como dicen los operadores del gobierno.

Aún estamos a tiempo de que este proceso histórico que vivimos no involucione, proceso que no es patrimonio del partido gobernante. Y que no crean los gobernantes que están seguros en el poder asentándose en las Fuerzas Armadas y adulándolas, ni siquiera exculpando a los militares que dirigieron las masacres del 2003. La única alianza que puede asegurarles la prosecución de lo avanzado es con los explotados del campo y las ciudades, con los indígenas, con las clases medias que creyeron en este proyecto y votaron por el cambio; pero, tal como se están desarrollando los hechos en este segundo periodo gubernamental parece que el poder encegueció a los gobernantes y su parecido al MNR y al MIR en sus años de decadencia, son cada vez más cercanos.

Publicado en Semanrio Aquí Nº 40 www.semanarioaqui.com; http//:aqui-avance.blogspot.com

¿Vidas paralelas?: Gobierno de Jaime Paz Zamora y de Evo Morales

Son cada vez más las coincidencias (que no son fruto del azar) entre lo que hace el actual gobierno del MAS y lo que hicieron anteriores, coincidencias que nos llena de asombro porque hasta el discurso de varios de sus funcionarios y militantes del partido gobernante actual, parecen copiados de aquel pasado que, ingenuamente, pensamos que nunca más se repetiría.

Durante el gobierno del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) de Jaime Paz Zamora (1989-1993) sucedieron varios hechos que conmovieron considerablemente a toda la población. En esta nota nos referiremos sólo a los que parecen representativos: La Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad (1990), la represión a grupos calificados de “terroristas”, las glorias futbolísticas de la selección boliviana y la lucha contra el narcotráfico vs. defensa de la coca.

Derechos de los indígenas

En el primer caso se trató de una gigantesca movilización de los pueblos indígenas del Beni (y de otros lugares) que demandaron al Estado su derecho a que se les reconozca su territorio y de seguir viviendo en él con dignidad. Esta marcha organizada por la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) que recibió el apoyo y la solidaridad de muchos sectores de la población —incluyendo la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Colonizadores, la Central Obrera Boliviana— fue minimizada por los gobernantes, primero mofándose de los indígenas —el vicepresidente de entonces, Luis Ossio Sanjinés, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), dijo que si los indígenas querían venir a hacer turismo a La Paz, estaban en todo su derecho—, y luego sus operadores dirigidos por el Chaka Wigberto Rivera, desde el Instituto Indigenista Boliviano, trataron de dividirla, paradójicamente utilizando a un sector de indígenas de las tierras bajas agrupados en la Central de Pueblos y Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) cuando aún no aglutinaban a todos los pueblos de esas regiones, organización que en entonces estaba dirigida por José Bailaba (luego diputado por el MAS), José Urañavi (en septiembre del 2008 alineado al sector más reaccionario y conservador de los cívicos cruceños), entre otros.

Los ataques al Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni (CIDDEBENI), de parte del gobierno de Paz Zamora, por el que dijo que era una Organización no Gubernamental (ONG) que manipulaba a los indígenas del Beni y al que culpó de tener intereses económicos en los territorios indígenas de la región. Esos cargos eran cotidianamente repetidos desde los medios de información del Estado (Canal 7 y Radio Illimani) por funcionarios del gobierno y por militantes de los partidos gobernantes (MIR, ADN y otros)

Aquella marcha triunfó y el Estado, dirigido por el MIR-ADN, tuvo que reconocer los territorios y derechos de los indígenas, además de garantizar el respeto a las reservas naturales en los parques; uno de esos parques y territorios indígenas fue el comprendido entre los ríos Isiboro y Sécure (TIPNIS). Esa marcha fue una interpelación más al viejo Estado.

Hoy la movilización de los pueblos indígenas de las tierras bajas que se oponen a una carretera que cruce el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), hace revivir los momentos previos a la marcha del 90: El presidente Evo Morales ha dicho que esa carretera se construirá quieran o no quieran los habitantes de ese territorio; los voceros del gobierno y los primeros mandatarios responsabilizan a ONG y a los partidos de derecha de agitar para que los indígenas se opongan a la construcción; el primer mandatario humilla a los indígenas al dar instrucciones a los jóvenes cocaleros “de conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino”, instrucción que también recuerda a otra del dictador Banzer en enero de 1974 cuando ordenó a los campesinos oficialistas a matar a los comunistas, luego de haber ordenado la Masacre del Valle en Tolata, Epizana y Quillacollo; los operadores del gobierno dicen por los indígenas del TIPNIS que su oposición se debe a que no quieren compartir la tala ilegal de árboles y de que están esperando que el gobierno les ofrezca una alta compensación económica para suspender la medida de protesta; las organizaciones indígenas campesinas afines al MAS —CSUTCB, colonizadores cocaleros— están contra los pueblos indígenas de tierras bajas y esperan que la carretera les dé vía libre para acelerar la depredación del bosque. Ahora el gobierno del “cambio” se dedica a dividir a los pueblos. Mientras los pueblos del Chapare (colonizadores que plantan coca, principalmente) están en favor de la construcción de esa carretera, los pueblos del Beni (indígenas) están en contra, se teme enfrentamientos. En un encuentro que hubo en el TIPNIS, 43 comunidades rechazaron la apertura del camino y 18 aprobaron. (Erbol, 11.07.2011)

Como se puede ver, a 20 años de aquella movilización, ni el discurso ni la actitud de los que detentaban el poder del Estado y los que hoy detentan, ha cambiado sustancialmente. El famoso principio de autoridad (o mejor el autoritarismo) prevalece por encima de leyes aprobadas o convenios internacionales de los que Bolivia es signataria.

Represión a presuntos “terroristas”

Los grupos radicales que consideraban que la democracia burguesa no resolvían las contradicciones de la sociedad y que por el contrario acentuaba las diferencias sociales, desencadenaron acciones que alteraron el statu quo. Y es en ese período cuando surgen grupos que buscan cambiar la sociedad por la vía armada, los que entonces son calificados como “terroristas”: las Fuerzas Armadas de Liberación-Zárate Willca, la Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ), el Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), y Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los organismos represivos del gobierno de Jaime Paz Zamora, coadyuvados por fiscales, violaron los derechos humanos de los integrantes de esos grupos y de sus familias, de forma similar a las practicadas por los servicios de seguridad de las dictaduras, con detenciones ilegales, torturas, ejecuciones sumarias, amedrentamiento a familiares y otras formas ilegales de represión.

Ahora, en el proceso que vivimos, desde que se inició la segunda gestión del presidente Morales, se ha desencadenado una especie de paranoia gubernamental contra activistas extranjeros de derechos humanos, a los que se los acusa de asociación delictuosa, con la amenaza de suspenderles su calidad de refugiados. El caso del refugiado colombiano Francisco “Pacho” Cortez es uno de ellos, en abril del 2010 fue detenido, acusado de tráfico de influencias, pero, finalmente, luego de cuatro meses de penurias, en agosto del mismo año se ratificó su calidad de refugiado.

http://www.eldeber.com.bo/2010/2010-08-31/vernotanacional.php?id=100830235855

Hace pocos días, cuatro peruanos (uno de ellos refugiado político), sufren detención ilegal, acusados de asociación delictuosa, “terrorismo” e incluso de narcotráfico. Al respecto la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz ha denunciado el maltrato y la ilegal detención que sufren esos ciudadanos extranjeros.

Glorias futbolísticas

En julio del 93 casi toda la población se alegró ante los logros del equipo boliviano de fútbol capitaneado por el entrenador Askargorta. Tras los primeros triunfos de Bolivia (Bolivia 7-Venezuela 1; Bolivia 2-Brasil 0) se formaron entusiastas manifestaciones populares que llenaron las calles de algarabía, las que también fueron aprovechadas por el gobierno de Paz Zamora que, haciendo uso del eslogan “País de ganadores”, se adjudicó los triunfos de los futbolistas. Los siguientes triunfos (Bolivia 3-Uruguay 1; Bolivia 1-Ecuador 0; Bolivia 7-Venezuela 0) fueron durante el gobierno de Sánchez de Lozada. En canchas del exterior casi todas fueron derrotas (Brasil 6-Bolivia 0; Uruguay 2-Bolivia 1), con excepción del primer triunfo en Venezuela y el empate en Ecuador, 1 a 1.

Lamentablemente el desempeño del equipo boliviano no fue de lo mejor en el Mundial de 1994, y para colmo empezó su presentación con la expulsión del jugador estrella —el DiabloEtcheverry— a los pocos minutos de empezar el primer partido, quien no pudo controlar sus emociones.

Hace poco menos de un mes se armó un show con la participación de la selección nacional de fútbol en el campeonato sudamericano jugado en Argentina. Tras el empate de la selección boliviana con la argentina, el fanatismo colectivo fue alimentado desde el poder y se organizaron caravanas al país vecino, para aprovechar de los posibles triunfos futbolísticos y así lograr un repunte en la baja preferencia ciudadana que sufre el gobierno. Lo cierto es que el eslogan “País de ganadores” no pudo reeditarse.

Lucha contra el narcotráfico vs. defensa de la coca.

El eslogan “país de ganadores” de Paz Zamora, como el otro de “coca no es cocaína”, fueron una farsa. Y sobre este último sólo anotamos las relaciones de su gobierno con narcotraficantes: caso Oso Chavarría (hermano suyo); caso Oscar Eid Franco; caso Jorge Roca Techo de Paja; caso Meco Domínguez; los narco-arrepentidos que gozaron de penas mínimas; el intento de nombrar a Tinino Rico Toro, jefe anti-narcótico, pero que casi inmediatamente fue extraditado por los EE.UU. por sus actividades ligadas al narcotráfico.

En este momento las hectáreas de coca sembradas sobrepasan las 30 mil, y la invasión de cocaleros a áreas protegidas y agrícolas no tradicionales es imparable. La antes llamada maldita Ley 1008 sigue en vigencia, en la se dice que el máximo de hectáreas de coca no debe pasar de 12 mil. La interdicción parece no tener efecto porque si bien son muchas las “fábricas” de cocaína desmanteladas, son muy pocos los detenidos: a mediados del pasado mes, en San Germán, Nuevo Horizonte y Kilómetro 40, poblaciones del municipio de Yapacaní, se destruyeron casi 281 factorías de cocaína y apenas se detuvieron a cinco personas.http://www.eldeber.com.bo/vernotaseguridad.php?id=110718232917

Por otra parte la detención por narcotráfico (en el exterior y por la DEA) del ex comandante de la Fuerza Antidroga y ex jefe de un grupo especial de inteligencia también antidroga, dependiente del Ministerio de Gobierno, nos debe preocupar porque si las factorías de droga se multiplican y algunos altos personeros antidroga están involucrados en ese delito, ¿qué podemos esperar en el futuro cercano?

Algo más

Un apunte más para no olvidar: el MIR alcanzó la presidencia con una alianza vergonzante con la Acción Democrática Nacionalista (ADN), del ex dictador fascista Hugo Banzer Suárez, para cerrarle el paso al candidato ganador Sánchez de Lozada (MNR). “Cruzamos los ríos de sangre” dijeron y tomaron el poder junto al Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).

La farsa del gobierno de Jaime Paz Zamora y de sus aliados (ADN, FRI, PDC), al igual que su eslogan “País de ganadores”, cayó aplastado por la realidad porque, sin posibilidad a equivocarnos, fue uno más de los corruptos del siglo pasado; pero, no hay duda de que sus principales militantes hicieron buenos negocios apoyados en el poder que tenían, momento en el que ganaron mucho; si alegan los contrario, que demuestren el origen de sus fortunas.

Y como parece que muchos actores y actitudes de antes se van reproduciendo, vale la pena recordar a un funcionario (funcional) que tuvo y hoy tiene notoriedad en estos tiempos de cambio; nos referimos Eusebio Gironda Cabrera quien fue ministro de Paz Zamora, en la cartera de Trabajo y Desarrollo Laboral, entre el 12.11.1992 y el 06.08.1993. Gironda era en ese tiempo militante del FRI, de Motete Zamora, ambos ex militantes del Partido Comunista Chino (PCML); hasta hace poco Gironda fue uno de los principales asesores del actual presidente Evo Morales y candidato frustrado a la alta magistratura, precisamente porque se le descubrió que en esa gestión neoliberal autorizó privatizar empresa públicas, acción que creyó iba a quedar en el olvido. Esta vez tampoco “funcionó” la viveza criolla.